La importancia arqueológica que tiene Cerro Colorao, de cuyo estudio puede obtenerse una valiosa información respecto a un periodo histórico poco conocido, confuso, pleno de alteraciones, de intercambios entre pueblos –en principio opuestos y de latitudes diferentes– que llegaron a fusionarse mediante los contactos bélicos y comerciales. En resumen, de la génesis de nuestra cultura. La escasez de fuentes restringe su estudio a la Arqueología, a los yacimientos encontrados y al trabajo de unos profesionales que, a fuerza de arañar la tierra, sacan la luz los secretos de sus entrañas.

Cerro Colorado es un misterio por desvelar. En 2004, durante la primera fase de excavación, “se constató la existencia de un asentamiento que se regía por el patrón de un oppidum cuya cronología se delimitó, merced a varios sondeos arqueológicos y una prospección superficial, entre los siglos IV a.n.e. a I”, escribían Antonio Soto y Salvador Bravo en Mainake. La segunda, entre julio y septiembre de 2005, les permitió apreciar “la magnitud de los hallazgos aparecidos y que pueden arrojar luz sobre uno de los periodos peor conocidos en la zona adyacente del estrecho de Gibraltar como es el de la Segunda Guerra Púnica”. Con estos primeros datos, cualquier ciudad que valore en su justa medida el Patrimonio Histórico, se hubiera sentido orgullosa de mostrarlo al mundo. Cualquier ciudad, excepto la nuestra, porque Marbella no se encuentra en ese selecto grupo, pese a quien pese.

“Sobre los materiales obtenidos en las excavaciones preventivas realizadas en este yacimiento, está previsto un estudio promovido por un amplio equipo de investigadores del ámbito comarcal junto con profesores de las Universidades de Málaga y Sevilla. No es un Proyecto General de Investigación, ni en principio se piensa hacer excavaciones sistemáticas. Con el fruto de este trabajo, se preparará un libro en los que el ocultamiento de monedas y joyas del contexto de las guerras púnicas será la gran estrella. Es el primero de estos depósitos que aparece en España en contexto estratigráfico, algo excepcional”, afirma un miembro de este equipo.

Como suele acaecer con frecuencia, mientras los arqueólogos precisan de numerosas gestiones para realizar sus investigaciones, el expoliador trabaja en la sombra, de puntillas y acaso amparado por el silencio administrativo. Porque las obras denunciadas por Cilniana días pasados, no han sido producto de la casualidad ni la ignorancia, más bien corresponden a un proyecto minuciosamente preparado, con la aquiescencia general y que, desde el mes de octubre se ha ido destruyendo la zona protegida en un porcentaje que puede aproximarse al cincuenta por ciento de su superficie.

No vendría nada mal reflexionar sobre esta mutilación y calibrar las responsabilidades. Por el momento hay que dejar que la Justicia actúe y serán las autoridades de la Junta de Andalucía las que se pronuncien, valoren la pérdida, e impongan las sanciones determinadas por la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. Esperemos un castigo ejemplarizante para que, de una vez por todas, se respete lo poco que nos queda.

La Ley del Patrimonio, en su artículo 117.2, atribuye responsabilidades a las autoridades y funcionarios que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracción, quedando obligados a comunicarlo a la Consejería competente en el menor plazo posible. Una norma que no siempre es cumplida porque se mira hacia otro lado. A fin de cuentas, el objeto expoliado no suele protestar cuando es destruido.

Y sigo desgranando artículos con la pretensión de motivar sobre la importancia de denunciar los atentados patrimoniales. El Régimen Sancionador afecta tanto al expoliador como a las administraciones encargadas de custodiar el Patrimonio, considerándose  infracciones administrativas “las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y las que lleven aparejado daño en los bienes del Patrimonio Histórico”. Son infracciones muy graves “la destrucción de restos arqueológicos y paleontológicos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, así como la destrucción de los yacimientos inscritos en el mismo que suponga una pérdida de información irreparable” y aquellas actuaciones que lleven aparejada la desaparición o produzcan daños irreparables. Asimismo “la omisión del deber de conservación cuando traiga como consecuencia la pérdida, destrucción o deterioro irreparable de bienes inscritos en el Catálogo General”.

Se responsabiliza a los “autores materiales y, en su caso, las entidades o empresas de quienes dependan. Las personas técnicas o profesionales autoras de proyectos, que ejerzan la dirección de obras o sean responsables de actuaciones que contribuyan dolosa o culposamente a la comisión de la infracción”. Con la agravante de la reincidencia, las infracciones muy graves conllevan multa de 250.001 a 1.000.000 de euros y las graves entre 100.001 y 250.000 euros. En ningún caso, su cuantía podrá ser inferior al doble del beneficio obtenido por el infractor.
Con carácter accesorio se podrá inhabilitar “durante cinco años para el ejercicio de su profesión ante la Consejería competente en materia de patrimonio histórico del personal técnico o profesional que ejerza la dirección o sea responsable de acciones tipificadas como infracciones muy graves”.

En teoría son muchas las personas implicadas, ¿pero en la práctica? Por el momento, Cerro Colorao es una patata caliente que, como la falsa moneda,  va de mano en mano sin que ninguno de los municipios afectados –Benahavís y Marbella– asuma responsabilidades, amparados por las nuevas delimitaciones territoriales. Sin embargo, la documentación que hemos consultado indica que esta divisoria no es definitiva, porque no hay sentencia firme. Y de momento, su custodia corresponde a Marbella.

En  2009 el Consejo Consultivo de Andalucía emitió un informe desfavorable por entender que un Plan General carece de competencias para replantear las lindes de un término municipal, debiendo respetar la ordenación territorial preexistente.

Y en esas estamos. Unos por otros y Cerro Colorao desapareciendo bajo las excavadoras. En la zona de afección se han hecho arquetas con miras a urbanizarla y de no ser por el compromiso que muchos ciudadanos tienen con el Patrimonio –que es de todos y no de unos pocos–, los expoliadores continuarían destruyendo ante la indiferencia de nuestros gobernantes.

Catalina Urbaneja Ortiz

Presidenta del Cilniana